Países latinoamericanos llegan a un acuerdo para ser defensores ambientales
Defensores ambientales
Es necesario que se garantice un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Para esto existen los defensores ambientales.
Se deberán tomar medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores ambientales, así como las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
Un largo camino
Es un momento histórico para América Latina y el Caribe. Los diferentes países tienen la oportunidad de aprobar un acuerdo de derechos ambientales de forma jurídica que no solo ayuda a prevenir y castigar los ataques contra los defensores ambientales. También facilitará que millones de personas accedan a información ambiental y participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas.
El proceso para llevar a cabo este acuerdo comenzó hace seis años. Se ha llegado al final de una negociación muy importante porque se trata de la primera vez que países en vía de desarrollo llevan a cabo un acuerdo que se concentra de forma específica en los derechos ambientales, la participación ciudadana y el derecho a la justicia.
Este convenio cambiará la forma de tomar decisiones en asuntos ambientales. Cuando entre en vigor, la ciudadanía podrá ser parte de las decisiones sobre proyectos y políticas.
En las negociaciones participan representantes de los gobiernos y los representantes del público.
Estamos hablando de un acuerdo vinculante, es decir, que los gobiernos deberán cumplirlos una vez que se firme y se ratifique en cada uno de sus países. La región ya había avanzado mucho en materia de acceso a la información pública, pero en cuanto a participación ciudadanos, los países tienen mecanismos muy pobres.
En el año 2012 se firma el primer documento que sentó las bases para el acuerdo al que se ha llegado. Son 10 países lo que se comprometen en este proceso de democracia ambiental. En el año 2016, comenzaron las negociaciones a culminar hasta hoy.
Los acuerdos se encuentran destinados a proteger a los defensores ambientales. Será el primer tratado internacional en el mundo que reconozcan la situación que están viviendo estas personas y que ofrezca garantías para su mejor protección.
Compromiso de las naciones
Para que entre en vigor el tratado, los países que hasta ahora han formado parte de las negociaciones deberán firmar y ratificar el tratado. Su entrada en vigencia depende de 11 de los 24 gobiernos que aprobaron el acuerdo.
Los países comprometidos deberán fírmarlo dentro del plazo establecido que va desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2020. Deberán pasar 90 días para que entre en vigor en cada nación que ratificó el acuerdo.
Este tratado consigue fortalecer sus leyes, especialmente aquellos que permiten al público participar en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente.
El proceso de negociación
Durante el proceso de negociación, Perú ha estado de acuerdo con que sea un acuerdo jurídicamente vinculante. Es un instrumento que tiene que ser presentado ante el Congreso de la República, por lo que corresponde a dicho poder ratificarlo e incorporarlo al sistema normativo.
Perú, junto con Costa Rica y Paraguay, respaldó la propuesta de que se reconozca el término defensores ambientales.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se indicó que Perú ha avanzado mucho, ya que el 31 de enero se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos. El estado peruano se encuentra comprometido en generar un registro de situaciones de riesgo de defensores de derechos humanos e implantar un mecanismo para su protección.
Es el acuerdo más importante de la región que fortalece la democracia ambiental, esto es lo más importante ya que se ha demandado compromiso, seriedad, liderazgo, etc. No podemos tener miedo a la participación y necesitamos consolidar mecanismos para la defensa y protección, para que puedan acceder a la justicia ambiental.
En la reunión que se celebró en Costa Rica estuvo presente el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales de Perú. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe actuó como secretaría técnica de este proceso e impulsó la participación de la ciudadanía y la implantación de la intervención pública.
Discrepancias en la aprobación del tratado
Colombia firmó el documento base en el año 2013, las últimas negociaciones han sido regresivas.
En la negociación de Costa Rica, Colombia retrocedió en dos temas, uno de ellos se refería al comité de seguimiento que proponía que cualquier ciudadano pueda vigilar y comunicar a este comité el cumplimiento del tratado de su país, y Colombia pidió que se borrar este artículo.
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